Este miércoles 15 de junio el pleno de la Cámara de Diputados sorprendió al concretar el acuerdo que otorgó la reelección a Raúl Israel Hernández Cruz en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) para el periodo del 20 de junio de 2022 al 19 de junio de 2025.
La votación registrada fue de 17 votos a favor y tres abstenciones de los integrantes de la LV Legislatura local.
Curiosamente, Hernández Cruz también resultó electo con 17 votos a favor hace tres años en la LIV Legislatura local.
El acuerdo legislativo sorprendió debido a que desde diciembre pasado las y los diputados han mantenido una serie de desacuerdos que habían impedido el avance de los temas legislativos. Raúl Israel Hernández Cruz rindió de inmediato la protesta de ley.
La reelección ocurrió en el marco de la sesión ordinaria, cuando el presidente de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, diputado Alberto Sánchez Ortega, subió al pleno el dictamen sobre el tema, el cual destaca que fueron evaluados tanto el cumplimiento de los requisitos por parte del titular del órgano defensor de los derechos humanos, como su desempeño en el primer periodo de tres años.
“Del periodo de la administración que se evalúa, se tiene que en el año 2019 inicio 534 expedientes de queja, en el año 2020 fueron 471 y en el año 2021 únicamente se iniciaron 349, dando un total de 1,354 quejas”, señala el documento.
Detalla que durante el período se emitieron 315 medidas cautelares dentro de los diferentes procedimientos de competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, además que fueron emitidas 76 recomendaciones, de las cuales nueve resultaron particularmente relevantes.
“En el ejercicio de dicha actividad, esta Comisión considera como histórico y trascendente que el organismo protector de derechos humanos haya realizado sin menoscabo de las demás una recomendación en contra de un diputado integrante del Congreso del Estado, así como la realizada a servidores públicos pertenecientes al Poder Ejecutivo por la omisión en su actuación respecto de las violaciones cometidas por el discurso de odio en contra de la comunidad LGBTTTIQ+ profesado por un ministro de culto”.
De esa manera demostró “la plena autonomía para el ejercicio de sus atribuciones, así como el compromiso para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas en nuestro estado ante cualquier institución o servidor público que los vulnere”.
