A cinco años de descubrirse que el comandante federal Iván Reyes Arzate, -brazo derecho de Genaro García Luna y enlace oficial de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en México- formaba parte de la nómina de los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, la dependencia estadunidense no ha implementado acciones correctivas las cuales eviten que el narco siga reclutando o cazando agentes mexicanos adscritos a su programa estrella en el país: Unidades de Investigaciones Sensibles (SIUs). Aún después de descubierta la traición de Reyes Arzate y pese a las consecuencias que implicó que filtrara la identidad de numerosos agentes mexicanos entrenados por Washington -posteriormente ejecutados-, la DEA incluso ha recortado mecanismos que podrían detectar a infiltrados como sus pruebas de control de confianza, según revela una auditoría del Órgano Interno de Control del Departamento de Justicia.
“Pese a serios incidentes asociados con las SIUs, la DEA no ha revisado el programa o evaluado su estructura de control de confianza (…) para mitigar el riesgo de que incidentes similares ocurran en el futuro”, sentencia la auditoría 21-109. La investigación citada, a la que este diario tuvo acceso, es la más detallada de su tipo jamás realizada sobre el polémico programa internacional de SIUs de la DEA; le tomó al Órgano Interno de Control dos años y se efectuó de 2017 a 2019, con visitas de campo a distintas embajadas y funcionarios diplomáticos, policías de varios países e integrantes de la agencia antidrogas. A lo largo de más de 50 cuartillas, el reporte enumera una serie de debilidades en el programa de Unidades de Investigaciones Sensibles, mediante el cual Washington entrena, prepara y financia a oficiales de distintos países para tareas de alta peligrosidad, en particular la caza de capos del narcotráfico. Se incluyen datos del programa en Honduras, Haití, República Dominicana, Colombia y México. Entre otras conclusiones, el informe de revisión halló que aún con incidentes como los de Reyes Arzate y escándalos como la masacre de Allende, los policías que forman parte del programa no están siendo sometidos a suficientes exámenes de control de confianza como polígrafo y orina. Éstas pruebas se espaciaron de dos a tres años por razones presupuestales. Además de eso, no existe un cronograma estricto de controles para detectar agentes corrompidos. Otras deficiencias halladas en la auditoría 21-109 son: No existe una administración eficiente de las lealtades de los agentes entrenados para formar parte de los SIUs. No se sabe con certeza cuánto dinero fluye hacia cada unidad.
