Integrantes del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y pobladores de Tepoztlán acusaron al presidente municipal, David Demesa Barragán, y a la directora de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Anabel Hernández Franco, de corrupción por presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas.
Eunice Ríos, vecina del municipio, señaló en entrevista que al menos ocho obras presentan inconsistencias y permanecen inconclusas. De acuerdo con los pobladores, la administración incumplió desde el inicio con la normatividad aplicable, y se violó la Ley de Coordinación Fiscal y los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en materia de transparencia, eficacia y participación ciudadana.
Entre las obras que se señalan, mencionaron un proyecto de luminarias en el barrio de Santo Domingo, cuyo costo inicial era de medio millón de pesos, pero se reportó como concluido por un monto de 1.4 millones de pesos, sin que el comité correspondiente firmara el acta de entrega. Asimismo, en el barrio de San Pedro, un proyecto hidráulico presenta deficiencias, como tapas que no cumplen con los estándares requeridos y se rompen al paso de vehículos.
Los habitantes también denunciaron que no se conformaron comités de participación social para supervisar los proyectos ni se proporcionó información sobre costos, contratos, tiempos de ejecución o empresas responsables. Según Eunice Ríos, la directora de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas se negó a brindar información, “se burla de nosotros al decir que busquemos en la página de transparencia, cuando ya lo hemos hecho y no hay datos disponibles”, acusó.
Ante estas irregularidades, los vecinos se negaron a firmar las actas de entrega debido a defectos y vicios ocultos en las obras. También señalaron que sus solicitudes formales y acuerdos comunitarios fueron ignorados.
“Es inadmisible que el presidente municipal busque la reelección cuando no cumple con sus compromisos”, lamentó Eunice Ríos. “Nos prometió honestidad y trabajo, pero deja obras inconclusas, niega acceso a la información y no respeta los acuerdos. No es justo que nuestros gobernantes actúen de esta manera”.
Finalmente, los habitantes solicitaron la intervención de la gobernadora Margarita González Saravia para garantizar acceso a la información y atender las necesidades de las comunidades. “Es urgente un cambio que permita mayor cercanía entre las autoridades y la ciudadanía”, concluyeron.
