Vivimos en una aldea tan global como digital. Es difícil pensar hoy en alguna actividad que no se apoye en internet, aplicaciones y códigos de programación; desde enviar un documento por correo electrónico o mensajería instantánea, hacer una transferencia bancaria, hasta automatizar un fábrica: cada día que pasa sube el grado de digitalización de nuestra vida cotidiana.
Esta tendencia también ha intuido en gobiernos e instituciones públicas. En México, por ejemplo, es cada vez más común hacer trámites públicos por medios digitales, tales como obtener un acta de nacimiento, pagar impuestos u obtener permisos comerciales, lo cual es más barato y accesible para millones de ciudadanos.
Sin embargo, como todo, esta moneda tiene dos caras: una mayor digitalización abre nuevos riesgos ante ataques cibernéticos, sean hackers que buscan lucro económico; activistas con motivaciones políticas, grupos del crimen organizado o incluso gobiernos extranjeros, que podrían intentar vulnerar los sectores estratégicos de cualquier país (energía, transporte, finanzas, salud, elecciones, entre otros), ya que todos utilizan sistemas computarizados.
Esto podría parecer exagerado, pero es real: hace tan solo unos días, el Servicio de
Administración Tributaria y el Banco de México sufrieron una ola de ciberataques que inhabilitaron sus páginas de internet; poniéndose en riesgo información condencial de los ciudadanos o materiales sensibles. Asimismo, en noviembre de 2019, PEMEX sufrió un ataque informático en el que un grupo de hackers lograron “secuestrar” diversos equipos (junto con la información que tenían), presuntamente a cambio de un rescate económico.
La ciberseguridad no es pues un asunto exclusivo de las grandes potencias ni de países en conflictos militares: mientras más datos ciudadanos acumule, más procesos administrativos digitalice y más operaciones estratégicas automatice, todo gobierno está creando más incentivos para ser víctima de ciber criminales.
Hasta donde tenemos conocimiento, en el caso de México los ataques han sido muy restringidos, pero existe el riesgo permanente de padecer una agresión efectiva, que pueda paralizar completa o parcialmente la operación estatal.
México tiene grandes pendientes en esta materia. En el último ranking global de ciberseguridad, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ocupamos el puesto 63 de 175 países evaluados. De acuerdo con la UIT, México tiene fallas a atender en el ámbito legal,
técnico, institucional y de cooperación internacional.
La pandemia no podía quedar fuera de este asunto, pues la Covid19 ha incrementado la importancia de las actividades digitales y con ella la importancia de la ciberseguridad- en ámbitos como la educación, el trabajo y hasta el ejercicio del poder público.
Así, la seguridad informática de nuestras instituciones y de los datos ciudadanos debe ser un interés de Estado, que involucre a gobiernos, congresos, universidades, empresas, organizaciones civiles, expertos y actores internacionales en una alianza nacional por la ciberseguridad. La pregunta no es si México recibirá ataques cibernéticos, sino cuándo y de qué magnitud. Estamos a tiempo de fortalecer y crear, ahí donde falten, capacidades para enfrentar una amenaza que será cada vez más la regla que la excepción.
