La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón a la CDHM al anular la Ley de Videovigilancia de Morelos, por existir violaciones de procedimiento durante su aprobación en el Congreso estatal y no garantizar la protección de datos personales.
Con ocho votos contra dos, el Pleno de la Corte invalidó el Decreto 697, del 12 de agosto de 2020, por el que se creó un sistema estatal para controlar las poco más de mil cámaras de vigilancia en la entidad operadas por agencias de seguridad pública y empresas privadas lo que fue impugnado por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM).
“De acuerdo con la exposición de motivos de las normas aprobadas por el Congreso estatal, su finalidad era dotar a las autoridades de herramientas para recuperar la seguridad y la paz, lo que a casi tres años de su expedición no se ha logrado”, agregó el organismo autónomo en un comunicado.
En contraparte, subrayó la CDHM, violentaba los derechos humanos, lo cual se desprende de un análisis efectuado por el organismo a esas normas, del cual se desprende que éstas son anticonstitucionales por diversas razones.
Entre éstas, que la 49 Legislatura local excedió su competencia para legislar en materia de intervención de las comunicaciones privadas, así como en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. Asimismo, porque invadía la esfera de competencias, ello porque restringía las atribuciones en materia de seguridad que atañen a los municipios.
Dicho análisis arrojó además la inconstitucionalidad al haber omitido, durante el proceso legislativo, la realización de una consulta libre, previa, informada y de buena fe en los municipios indígenas, dado el impacto de esa Ley en el ámbito de sus competencias en seguridad pública.
Finalmente, la Ley de Videovigilancia generaba falta de seguridad jurídica debido a que las conductas estipuladas como delitos no estaban claramente definidas.
Por lo anterior, y a petición de diversos sectores de la sociedad civil y de cámaras empresariales de Morelos, la CDHM promovió en 2020 la acción de inconstitucionalidad contra la citada ley, así como contra otras reformas vinculadas.
Asola violencia a Morelos
La entidad encabezada por Cuauhtémoc Blanco se ubica en el top ten de delitos de alto impacto como el feminicidio, el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión, el robo de vehículo y a casa habitación.
Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) ubican a Morelos en el primer sitio en feminicidio; el segundo en homicidio y secuestro, y el tercero en robo a vehículo.
Mientras que en los delitos de robo y extorsión, la entidad se sitúa en el séptimo y octavo lugares, respectivamente.
De octubre de 2018 a la fecha, la entidad acumula casi 5 mil homicidios; 700 casos de extorsión; 174 feminicidios; cerca de 8 mil robos a casa habitación; más de 11 mil robos a negocio; y poco más de 20 mil robos de vehículos, cifras que podrían incrementarse si se considera que la cifra de delitos que se denuncian es menor al 10 por ciento.
