La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, sobre el recurso de impugnación por la no aceptación, del gobierno de la entidad y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESPM) de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM), por la detención injustificada y el uso ilegítimo de la fuerza cometidos por elementos que le causó la muerte a un hombre.
De acuerdo con la CNDH, el 28 de febrero de 2017, la CDHM inició queja de oficio derivada de una nota periodística que informaba sobre la muerte de un hombre en las instalaciones del Mando Único en Cuernavaca, luego de ser detenido por presunto robo.
De manera extraoficial se conoció que el hombre llegó sin vida a las instalaciones policiacas, después de haber sido golpeado por elementos municipales, ingresado a una patrulla y trasladado a la dependencia de seguridad pública, ya inconsciente.
Señaló que con la compilación de videos de vigilancia, captados en un fraccionamiento ubicado en el lugar de los hechos, testimonio de un vigilante y un bombero, así como del resultado de la necropsia, se certificó que la víctima se encontraba policontundida y se inició una carpeta de investigación, por lo que los cinco elementos que participaron en la detención injustificada, enfrentan un proceso penal por homicidio.
Explicó que de las declaraciones de las autoridades responsables, tanto del gobierno estatal como de la Comisión de Seguridad Pública, además de otras pruebas aportadas, se pudo acreditar, dentro del expediente de recurso de impugnación radicado en la CNDH, que existieron violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal y a la vida de la víctima finada.
En cuanto a los argumentos de las autoridades locales, la CNDH precisó que la reparación del daño que fije la autoridad jurisdiccional al término del proceso penal de los elementos policiacos, es independiente a la reparación del daño por violación a derechos humanos de las víctimas, además de que no se puede evadir la responsabilidad institucional de las dependencias ante la transgresión de derechos humanos.
La CNDH solicitó al gobernador de Morelos la inscripción de las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas, se proceda a la inmediata reparación integral del daño causado a las personas agraviadas, instruya que se garantice a una víctima indirecta el acceso efectivo a la educación hasta el nivel medio superior y se le otorgue una beca o mecanismo similar, además de inscribir a las víctimas indirectas en los programas sociales públicos estatales que garanticen sus derechos como víctimas y se les proporcione atención psicológica y tanatológica.
La CNDH también solicitó dar asesoría jurídica a las personas agraviadas para que ejerzan sus derechos en los procedimientos administrativos y el proceso penal que se lleva a cabo.
Además, se pide, previo consentimiento de las víctimas indirectas, que se les ofrezca una disculpa pública institucional, a cargo de una persona funcionaria de alto nivel jerárquico del Gobierno de Morelos y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en la cual reconozcan las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de las víctimas, y acepten la responsabilidad de los hechos.
