Irlanda esperó dos años para enfrentar a su agresor en un proceso judicial, luego de que intentara matarla en octubre de 2020, sin embargo la Fiscalía de Morelos lo único que ha hecho es retrasar el caso, que fue reclasificado por violencia familiar.
El 13 de octubre del 2020, Irlanda huyó de la casa de sus suegros ubicada en la comunidad de Oacalco, del municipio de Yautepec, luego de que Carlos, su expareja y practicante de artes marciales, intentó ahorcarla con un movimiento de llave, de la cual pudo zafarse por la llegada de una trabajadora del lugar.
Con marcas en el cuello y en diversas partes del cuerpo, Irlanda atravesó casi por una hora un campo de cultivo dirigiéndose a la Agencia del Ministerio Público en esa localidad, la cual desconocía, pero al llegar ninguna de las seis fiscales le quiso tomar la declaración.
Como pudo, llegó a la terminal de autobuses en Oaxtepec para refugiarse en la Ciudad de México, donde intentó denunciar en línea mediante la plataforma que ofreció la Fiscalía de Morelos durante la pandemia y que solo quedó registrada con el número SC01/6260/2021.
Pese a que recibió atención del Centro de Justicia para Mujeres, el proceso ha sido irregular y revictimizante para Irlanda, quien se enteró apenas el pasado 23 de diciembre, en una audiencia de control, que la jueza en turno reclasificó el caso a violencia familiar, a solicitud de la propia Fiscalía de Morelos, ignorando un dictamen en criminalistica y las pruebas de un intento de feminicidio.
A Irlanda le informaron que su agresor ya había tenido una “audiencia privada” donde no se justificó el intento de feminicidio.
La mujer sostiene que tras la publicación de un reportaje sobre su caso en televisión, la Fiscalía se comunicó con ella luego de dos años para que, de un día a otro, presentara a testigos del caso.
Irlanda, quien se trasladó en transporte público desde la Ciudad de México, estuvo representada solo por la agente del Ministerio Público del área de Violencia Familiar sin tener la carpeta completa.
Para el 28 de diciembre se realizó la audiencia de vinculación, donde el agresor fue imputado por violencia familiar y lesiones calificadas, pero evitó la prisión preventiva, pese a dar un domicilio distinto al que habita, de acuerdo con la víctima.
Las únicas medidas cautelares que le ordenaron al agresor fue no acercarse a la víctima, ni a su domicilio, así como acudir periódicamente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares.
En tres meses se realizará la siguiente audiencia para presentar las pruebas no solo de los episodios de violencia familiar que sufrió Irlanda desde el inicio de su relación matrimonial, sino del intento de feminicidio, el cual la defensora Ana Katiria Suárez insiste en reclasificar.
La Alerta de Violencia de Género que en Morelos está vigente desde el 2015, el contexto nacional en feminicidios y riesgos de violencia para las mujeres fueron expuestos en esta audiencia porque para la abogada, quien sostuvo que “si Irlanda no hubiera escapado, ahorita los que estarían aquí en la mesa serían sus papás y estaríamos investigando un feminicidio”.
Para Irlanda y su familia, durante todo el proceso ha habido complicidad por parte de las autoridades en la investigación.
La violencia contra Irlanda y su hija
La defensa del imputado se limitó a argumentar que se debía acreditar que su cliente estuvo en ese lugar a la hora señalada, además lanzó cuestionamientos estigmatizantes contra Irlanda asegurando que por tras evaluación psicológica la “señora manifiesta episodios psicóticos” y que debía estar en un psiquiátrico.
También pusieron en duda la versión de Irlanda sobre su trayecto después de la agresión y argumentaron que la “violencia familiar no es algo que amerite prisión”.
El día de la agresión, Irlanda intentó salir con hija de la casa de sus suegros, pero Carlos lo evitó. Desde entonces la hija de Irlanda permanece con la familia de su agresor, la cual es dueña de una fábrica de tostadas.
Después de dos años, lo único que ha logrado Irlanda es ver a su hija físicamente por dos horas, mediante una convivencia supervisada que autorizó un juez.
La mujer enfrenta el proceso familiar para recuperar la guarda y custodia de su hija tras acusaciones contra ella por “abandono de hogar” previo a la agresión.
Fiscalía de Morelos ignora feminicidios
De acuerdo a la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, en siete años con la Alerta de Violencia de Género en Morelos se han registrado 637 feminicidios.
Además reporta que no hay una evaluación previa para investigar, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida y cualquier forma y modalidad de violencia contra las mujeres.
Para la organización, la Fiscalía de Morelos minimiza el número de casos, e incluso criminaliza a las mujeres, asegurando que las víctimas eran parte de la delincuencia.
“Con la revictimización de las mujeres víctimas de feminicidio y de sus familias, la fiscalía no solo no manda un mensaje de cero tolerancia, sino que se vuelve un acto de violencia institucional. De las 11 medidas de la Alerta de Violencia de Género que debe cumplir la Fiscalía General del Estado de Morelos, las 11 se dan por no cumplidas”, dice el informe.
La Fiscalía en Morelos reporta gastos por 8 millones 806 mil 974 pesos para la creación de una unidad de análisis y evaluación de las labores de investigación y proceso de los delitos de género que se denuncien, entre ellos, el protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio.
“Morelos necesita un llamado de atención muy fuerte, tiene que atender con severidad y prontitud todas estas cuestiones porque no solo están agraviando a la integridad de las mujeres, mamás y las infancias, sino de todas las personas porque en todo el daño también hay víctimas indirectas, de la gente que me conoce que sabe que nunca infringiría un daño pero revictimizan, no nos creen, no investigan”, dice Irlanda en entrevista.
