La Ley Menstruación Digna pretende cerrar la brecha económica, de género y el absentismo escolar que viven millones de mujeres en el país
Una mujer menstrúa 2.535 días de su vida, aproximadamente. El equivalente a siete años seguidos. Más de 43 millones de mujeres, niñas y adolescentes -entre 15 y 50 años- tienen la regla en México, según datos oficiales, y cuatro de cada 10 viven en una situación de pobreza multidimensional. Para ellas tener la regla cada mes representa un obstáculo que acrecienta las desigualdades con sus pares varones. En el caso de las más jóvenes, esta desigualdad se traduce en absentismo escolar ante la imposibilidad de conseguir toallas, tampones y otros artículos. El pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado este jueves el dictamen de la Ley Menstruación Digna, que propone la gratuidad de los productos de higiene femenina en las más de 198.000 escuelas públicas del país y abre el debate sobre un tema tabú del que todavía no es fácil hablar en México. Falta que la iniciativa se apruebe en el Senado para que entre en vigor.
El grupo Menstruación Digna, que engloba a diversas organizaciones feministas y de la sociedad civil, propuso el pasado mes de septiembre eliminar el 16% del IVA a los productos de gestión menstrual, pero en ese caso, la Cámara decidió echarlo para atrás. Su nuevo golpe ha sido la distribución gratuita en las escuelas como ya lo hace el Estado de Michoacán, Escocia o Nueva Zelanda. Las organizaciones plantean atender primero a escuelas en comunidades indígenas y zonas de alta vulnerabilidad, pero la idea es que se extienda a todos los centros educativos públicos del país.
Los retos de la propuesta no son pocos ni sencillos. Las parlamentarias que han impulsado la ley citan un estudio hecho por Unicef donde las trabas para acceder a una menstruación digna se cruzan con otras carencias. Solo un 62% de los planteles educativos en México dispone de agua todos los días de la semana, el 19% carece de inodoros suficientes para los estudiantes y el 58% no cuenta con agua potable. Sumado a esto, solo el 40% de los baños escolares cuenta con condiciones adecuadas de limpieza y seguridad.
La iniciativa expone que una mujer gasta al año unos 26.000 pesos (1.200 dólares) en toallas sanitarias o 30.000 pesos (1.400 dólares) en tampones. “El gasto mensual en toallas es de 250 a 300 pesos mensuales, lo que representa entre el 6 y el 8% de los ingresos de las familias con menos recursos”, explica la vocera de Menstruación Digna, Anahí Rodríguez. El Centro de Finanzas Públicas de la Cámara baja calcula que en total la campaña de difusión y la implementación al año costarán unos 2.500 millones de pesos (124 millones de dólares) al año para las escuelas públicas. “[Esta ley] es una obligación para todos los Estados y el siguiente paso es trabajar en su implementación gradual”, afirma la diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle, una de las impulsoras del proyecto.
Un escollo que ha encontrado el movimiento Menstruación Digna es que no existen datos claros y concisos relacionados con la regla en el país, así que se han dado a la tarea de recabarlos y generarlos, aunque todavía queda mucho trabajo por delante. Esta es la tercera vía de la iniciativa: documentar y reunir información sobre la regla y el impacto que tiene en la vida de las mujeres. “Tenemos que cambiar la percepción sobre menstruar porque es un proceso fisiológico normal y no sabemos lo que implica para las mujeres”, comenta Martha Tagle.
Según un estudio reciente por la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en México existe una brecha salarial del 16% entre hombres y mujeres en los trabajos remunerados. A eso hay que sumarle la desigualdad de género y las divisiones sexistas del trabajo doméstico y de cuidados, sin remunerar. “Es increíble que por un proceso fisiológico las mujeres y otras personas menstruantes paguemos un impuesto del 16%, más cuando somos las que ganamos menos en la sociedad y las que más trabajan en la informalidad”, señala Anahí Rodríguez. El debate sucede cuando algunos Estados dictan leyes para la eliminación del plástico desechable, como la que aprobó Ciudad de México, que redujo las alternativas de las afectadas. En Michoacán, el Congreso estatal frenó una normativa parecida para dar prioridad a la iniciativa en las escuelas que ya está en marcha.
La siguiente propuesta de la organización es que la gratuidad de los productos también llegue a las mujeres en reclusión o en situación de calle. La lucha por dignificar la menstruación en México continúa.
