El registro genético de los agresores sentenciados forma parte de un conjunto de medidas contra la violencia machista del Gobierno de la capital. Está previsto que esté operativo en agosto
Ciudad de México ha creado un banco con la información genética de agresores sexuales y feminicidas sentenciados como parte de la estrategia para acabar con la violencia machista en la capital. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la fiscal, Ernestina Godoy, presentaron los avances de este ambicioso proyecto, único en el país, que estará operativo a partir de agosto de este año.
La medida forma parte de un programa más amplio después de que se activara la alerta por violencia de género en 2019, dados los altos niveles de feminicidios que sufre la capital. Pese a estas circunstancias, es la tercera vez que se retrasa la puesta en marcha del banco de ADN por falta de certificaciones internacionales. El registro genético de violadores y feminicidas también recogerá el perfil de personas sentenciadas por trata, abuso, secuestro y turismo sexual. El proyecto ha costado a las arcas públicas 90 millones de pesos (unos cuatro millones de dólares) y todavía quedan asuntos pendientes por rematar. La fiscal ha comentado: “Estamos terminando y afinando la instalación de equipo muy especializado, delicado, y dando los últimos detalles”.
Por el momento, la base de datos en línea solo cuenta con el registro de 45 agresores. Las autoridades esperan ir aumentando la lista a medida que vayan avanzando las sentencias condenatorias, uno de los escollos más grandes que encuentran las víctimas en su lucha por acceder a la justicia en México. Por ejemplo, la tasa de impunidad por violencia sexual en el país supera el 95% y es similar en otros delitos. El registro también contará con la información de los policías de la ciudad, servidores públicos del gabinete de Seguridad, del gabinete de la Jefatura de Gobierno, muestras aportadas voluntariamente por personas que trabajen en seguridad privada y víctimas o cualquier persona de interés, según lo considere el Ministerio Público.
Sheinbaum ha señalado que uno de los objetivos de registrar a los agresores es acabar con la reincidencia y la impunidad, dos patrones que caracterizan a los violadores. “El objetivo es que haya una prueba científica relacionada con una agresión sexual y que no haya impunidad”, ha señalado la jefa de Gobierno. Para ello, la Fiscalía podría tomar una muestra de saliva, sangre o piel de los agresores.
El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) serán las instancias encargadas de inscribir de manera obligatoria los casos en la base de datos. Dependiendo de las penas de cárcel impuestas por el juez, estos perfiles podrían permanecer décadas en la base de datos. La Embajada de Estados Unidos en México trabaja junto a ambas dependencias para formar y certificar la puesta en marcha del laboratorio que estará en las instalaciones de la Fiscalía en la colonia del Valle.
Ernestina Godoy ha señalado que la creación de este tipo de registros permitirá afinar las investigaciones y, en el futuro, cruzar la información con bases de datos genéticas creadas en otros Estados. Por ejemplo, en la búsqueda de personas desaparecidas. “Es una tendencia que haya bancos con perfiles genéticos y se utilicen en otro tipo de delitos”, ha añadido la fiscal. “Tener el perfil genético único y cruzarlo con presuntos delincuentes nos va a dar la prueba irrefutable en las investigaciones”, ha asegurado.
En medio de una ola de violencia agudizada por el confinamiento, Claudia Sheinbaum ha aprovechado la comparecencia para animar a las mujeres víctimas a que acudan a las autoridades. A la pandemia se sumó la violencia machista, más virulenta que otros años con un alarmante aumento de los delitos sexuales y por violencia familiar. En Ciudad de México, las carpetas por casos de violación pasaron de 1.316 a 1.350, lo que supone un incremento del 2,6%. Las violaciones de menores se dispararon un 56,2% y la violencia en los hogares, un 7,7%. “Hay que seguir insistiendo en que las mujeres denuncien. Si no hay denuncia, no hay acceso a la justicia”, ha afirmado la jefa de Gobierno.
